El artículo analiza, desde la legislación peruana vigente, los derechos que asisten a los administrados frente al ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Parte de la delimitación de las competencias del OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, con funciones normativas, de supervisión, fiscalización y sanción. El trabajo explica el macroporceso de fiscalización ambiental, distinguiendo las fases de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, y resalta que la actuación del OEFA debe orientarse prioritariamente a la prevención, corrección y subsanación de conductas infractoras, conforme al enfoque introducido por la Ley N.º 30230. Se examinan los distintos tipos de hallazgos —críticos, significativos y moderados— y sus consecuencias procedimentales, subrayando el derecho del administrado a la subsanación voluntaria en los supuestos legalmente previstos. Asimismo, se describen los derechos del administrado durante la supervisión directa, tales como el derecho a ser informado, a presentar descargos, a ofrecer medios probatorios y a que se respete el debido procedimiento. Finalmente, el artículo desarrolla los derechos del administrado en el procedimiento sancionador, destacando la separación de funciones entre autoridad instructora, acusadora y decisora, así como la aplicación de los principios del derecho administrativo sancionador y del debido proceso como garantías frente al ejercicio de la potestad punitiva del Estado.