El artículo analiza el régimen de los medios probatorios en los procedimientos de fiscalización ambiental en el Perú, especialmente en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores. Parte de la premisa de que la actividad probatoria es un elemento esencial para garantizar decisiones administrativas válidas y respetuosas del debido procedimiento, en particular del principio de presunción de licitud del administrado. Se examina la carga de la prueba, destacándose que esta recae en la Administración Pública en virtud del principio de impulso de oficio, sin trasladarse al administrado. El texto desarrolla los derechos probatorios de los administrados, como el derecho a no probar hechos públicos, notorios o que consten en los archivos de la entidad, así como la prohibición de admitir pruebas ilícitas y pruebas tasadas. Asimismo, se describen los distintos medios probatorios admisibles en la fiscalización ambiental —documentos, testimonios, inspecciones, pericias, informes técnicos— y la forma en que deben ser valorados conforme a la sana crítica. El artículo enfatiza la importancia de la actuación probatoria suficiente para desvirtuar la presunción de licitud y sustentar una eventual sanción. Finalmente, se aborda la participación de terceros en la actuación probatoria, destacando su relevancia para la eficacia de la fiscalización ambiental y la protección del interés público ambiental.