El artículo critica la desproporción de las penas en el sistema penal peruano, evidenciando un endurecimiento punitivo que vulnera el principio de proporcionalidad. A través de comparaciones normativas y casos concretos, muestra que delitos patrimoniales o funcionales reciben sanciones más severas que conductas que afectan bienes jurídicos superiores, como la vida. Se cuestiona la lógica de imponer penas extremas por delitos de menor lesividad y se advierte sobre un populismo penal que confunde severidad con justicia, debilitando el Estado de Derecho y revelando un ejercicio punitivo excesivo y carente de racionalidad.