El artículo examina la relación entre las políticas de libre competencia y los altos niveles de informalidad económica, sosteniendo que esta última distorsiona el funcionamiento de los mercados y limita la eficacia de la política de competencia. Se argumenta que la informalidad genera competencia desleal, reduce incentivos a la inversión y debilita la protección al consumidor. El autor sostiene que la promoción de la competencia debe complementarse con reformas institucionales y regulatorias orientadas a reducir barreras de entrada, simplificar trámites y fortalecer la formalización, pues sin estas condiciones la política de competencia resulta insuficiente.