El prólogo sostiene que la reparación de los daños ambientales forma parte del Derecho administrativo sancionador y constituye una manifestación legítima del ius imperium del Estado orientado a la tutela del interés público. Se explica que la fiscalización ambiental comprende no solo la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales y la imposición de sanciones, sino también el dictado de medidas correctivas destinadas a revertir, restaurar, rehabilitar o compensar los daños ocasionados al ambiente, a los recursos naturales y a la salud de las personas. Se destaca que el ordenamiento jurídico peruano ha superado la concepción tradicional según la cual únicamente el Poder Judicial podía ordenar la reparación de daños, reconociendo expresamente a la autoridad administrativa ambiental —en particular al OEFA— la facultad de disponer medidas de reparación en el marco de procedimientos administrativos sancionadores, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Asimismo, se precisa que la vía administrativa permite la reparación del daño ambiental propiamente dicho, mientras que la reparación de daños a la propiedad privada corresponde exclusivamente a la vía jurisdiccional. Finalmente, se señala que esta evolución normativa fortalece la protección efectiva del ambiente y contribuye a una actuación más idónea y oportuna de la Administración Pública en defensa del interés general