El artículo examina la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) relativa a la posibilidad de que una sociedad de gestión colectiva (SGC) cobre tarifas diferenciadas a empresas cableoperadoras por la explotación de derechos de autor y derechos conexos, a la luz de la Decisión 351 (derecho de autor) y la Decisión 608 (defensa de la libre competencia). A partir de los casos Sayco (acción de incumplimiento) y Sayce (Interpretación Prejudicial 227-IP-2023), el autor explica que las SGC actúan en un régimen de monopolio debido a economías de red y de escala, pero ello no implica necesariamente que ostenten poder de mercado sancionable en todos los supuestos. El TJCA concluye que las SGC pueden cobrar tarifas distintas a cableoperadores que reciben el mismo servicio siempre que no incurran en un abuso de posición de dominio de carácter exclusorio, en particular en la modalidad de práctica discriminatoria de precios. Para que exista infracción, debe verificarse que la diferenciación genere un beneficio para la SGC o para empresas vinculadas y que perjudique a competidores reales o potenciales, restringiendo la competencia por razones ajenas a la eficiencia económica. El artículo resalta la aplicación del principio de primacía de la realidad para determinar el poder de mercado y delimitar cuándo la diferenciación tarifaria es jurídicamente admisible en el derecho andino.