El artículo sostiene que la Constitución peruana de 1993 ya prevé mecanismos suficientes para su reforma y distingue claramente entre reformarla y sustituirla mediante una asamblea constituyente, lo que implicaría un quiebre constitucional. Argumenta que muchos problemas sociales, económicos y de servicios públicos no se solucionan con cambios constitucionales, sino con una mejor regulación y gestión pública. Defiende el modelo de economía social de mercado, el rol subsidiario del Estado y la seguridad jurídica como condiciones para la inversión y el crecimiento. Advierte que una asamblea constituyente puede generar incertidumbre y afectar negativamente el desarrollo del país.