El artículo sostiene que la asignación de conductor y vehículo institucional a altos funcionarios públicos responde a criterios de eficiencia, seguridad y continuidad de la función pública. Permite maximizar el tiempo de trabajo, atender emergencias y reducir riesgos personales, especialmente en contextos urbanos complejos. El autor defiende un uso razonable del vehículo más allá de funciones estrictamente oficiales, siempre que sea proporcional y funcional al cargo. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, concluye que dicho uso no constituye peculado cuando guarda razonabilidad con la investidura y las exigencias del servicio público.