El artículo analiza la función de abogacía de la competencia de la Superintendencia de Competencia Económica del Ecuador (SCE), centrada en su facultad de recomendar la eliminación de barreras normativas que restrinjan injustificadamente la libre concurrencia. El autor sostiene que la eliminación de barreras legales, normativas o burocráticas debe constituir una política pública esencial para promover la competencia, facilitar la entrada de nuevos operadores y generar eficiencias económicas en beneficio de los consumidores. Se explica el marco normativo ecuatoriano que habilita esta competencia, así como la metodología adoptada por la SCE para evaluar la legalidad y proporcionalidad de las barreras, basada en un análisis secuencial de legalidad y en un test de razonabilidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto). El artículo examina tres informes emblemáticos de la SCE —casos Gasolineras, Cáñamo y Calzado— en los que se identificaron barreras legales o desproporcionadas que favorecían a operadores incumbentes y restringían la competencia. Finalmente, el autor destaca como limitación del modelo ecuatoriano el carácter no vinculante de las recomendaciones y propone avanzar hacia un esquema similar al peruano, en el que la autoridad puede ordenar la inaplicación general de barreras ilegales o irracionales, consolidando así una política de competencia más efectiva y moderna.