Ell artículo examina la evolución jurídica de la propiedad privada y la libertad de empresa en Cuba desde 1959 hasta la actualidad. Explica que, aunque la Revolución no eliminó inicialmente la propiedad privada, las confiscaciones y nacionalizaciones condujeron rápidamente a un modelo de propiedad estatal casi total, consolidado en la Constitución de 1976. Esta reconoció solo formas muy limitadas de propiedad “personal” y de pequeños agricultores, excluyendo la empresa privada como tal. El texto analiza las reformas constitucionales de 1992 y, sobre todo, la Constitución de 2019, que por primera vez reconoce expresamente la propiedad privada sobre determinados medios de producción, aunque con un papel complementario dentro de una economía socialista planificada. A partir de ello, se desarrollan figuras como el trabajo por cuenta propia y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), reguladas desde 2021, que operan en actividades no prohibidas, con autonomía empresarial limitada y fuerte regulación estatal. Asimismo, se describe el marco normativo que permite cierta inversión extranjera y la protección de la propiedad intelectual. El autor concluye que, pese a restricciones significativas y amplios listados de actividades prohibidas, en Cuba existen hoy espacios reales —aunque controlados— de propiedad privada y libertad de empresa, cuya eventual ampliación podría generar mayor dinamismo económico y bienestar social.