El artículo analiza la conveniencia y el grado de desarrollo de la separación entre las autoridades de instrucción y de sanción en los procedimientos administrativos sancionadores (PAS) destinados a investigar conductas anticompetitivas en la Comunidad Andina y en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los autores explican que estos procedimientos pueden clasificarse en tres estadios: (i) ausencia de separación, donde una misma autoridad investiga y sanciona; (ii) separación funcional dentro de una misma entidad; y (iii) separación orgánica, en la que la instrucción y la sanción recaen en entidades distintas. El estudio muestra que la Secretaría General de la Comunidad Andina y la autoridad boliviana operan en el primer estadio; Colombia, Perú y Ecuador, en el segundo; y que el modelo chileno representa el tercer estadio, considerado el más garantista. Se sostiene que la separación de funciones fortalece la imparcialidad del decisor y el derecho de defensa de los investigados, especialmente cuando la autoridad sancionadora es un órgano colegiado y no subordinado al instructor. No obstante, el artículo subraya que la inexistencia de separación no genera, por sí sola, nulidad o invalidez del procedimiento, posición respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. La validez de los PAS depende del diseño normativo de cada ordenamiento y no de la comparación con modelos más avanzados. Finalmente, los autores formulan recomendaciones de mejora institucional para cada país, orientadas a avanzar progresivamente hacia mayores niveles de independencia y separación, sin desconocer las restricciones presupuestarias y organizacionales. El trabajo concluye que la evolución hacia mejores diseños procedimentales es deseable, pero no constituye una exigencia absoluta de validez jurídica.