El artículo critica la decisión de la Sunedu de prohibir los programas universitarios de pregrado 100 % virtuales, calificándola como una medida burocrática irrazonable. Se sostiene que la virtualidad amplía el acceso a la educación superior para personas que trabajan, viven lejos de los centros urbanos o tienen responsabilidades familiares. El autor señala que la prohibición carece de análisis de impacto regulatorio y desconoce las lecciones de la pandemia. Se argumenta que corresponde a las universidades definir sus modalidades y a los consumidores elegir informadamente, y no al Estado imponer restricciones inflexibles que limitan la libertad educativa y económica.