El artículo analiza la constitucionalidad del cobro de tasas por la impugnación de actos administrativos. Parte de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional exigir tasas como requisito para acceder al amparo, por vulnerar el derecho de defensa y de acceso a la justicia. El autor sostiene que dicho criterio no implica gratuidad absoluta: los procedimientos administrativos tienen costos y, si no los asumen quienes impugnan, recaen en terceros. Distingue entre el ejercicio del derecho de defensa y la tramitación administrativa del recurso, defendiendo la legitimidad de las tasas en procedimientos iniciados a pedido de parte.