El artículo analiza un pronunciamiento judicial que declara la extinción de la acción penal por prescripción, destacándolo como una excepción frente a lo que el autor considera una práctica punitiva excesiva de la justicia penal peruana. Se reafirma que la prescripción constituye una garantía fundamental que limita el poder punitivo del Estado, evita procesos indefinidos y protege la seguridad jurídica de los ciudadanos. El texto desarrolla la correcta aplicación de las leyes 31751 y 32104, que establecen en un año el plazo máximo de suspensión de la prescripción de la acción penal, plazo que se suma a los períodos ordinario y extraordinario. A partir del caso del delito de negociación incompatible, se demuestra que dichos plazos resultan razonables para la persecución penal. Se critica duramente el Acuerdo Plenario 05-2023/CIJ-112 y la actuación de una sala superior que, al inaplicar las leyes vigentes, desconoce el rol garantista del juez y ejerce indebidamente el control difuso. En contraste, se valora la actuación del juez de primera instancia, quien aplica la ley vigente y exige que cualquier control de constitucionalidad se realice conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo concluye defendiendo un derecho penal mínimo y garantista, conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.