El artículo analiza el servicio notarial en el Perú y discute si dicho servicio debe regirse por las reglas de la libre competencia o por un sistema de fijación administrativa de precios. Los autores parten de la premisa de que la función notarial cumple una finalidad pública, vinculada a la seguridad jurídica y a la reducción de los costos de transacción, pero es prestada por agentes privados que actúan en un mercado determinado. Se mencionan los beneficios de liberalizar los precios notariales, destacando que la competencia puede generar incentivos a la eficiencia, reducción de costos y mejora en la calidad del servicio, sin que ello sea incompatible con la existencia de estándares mínimos de calidad fijados por el Estado. El artículo sostiene que la fijación administrativa de aranceles puede producir efectos negativos, como rigidez tarifaria, falta de incentivos y perjuicios para los consumidores. Asimismo, se analiza el rol del Estado como regulador y fiscalizador del servicio notarial, enfatizando que su intervención debe centrarse en garantizar la calidad, idoneidad y control del ejercicio profesional, y no necesariamente en la determinación de precios. El trabajo concluye que la libre competencia en precios notariales es compatible con la función pública del notariado y puede contribuir a una mayor eficiencia del mercado.