El artículo sostiene que el Aporte por Regulación del OEFA es constitucional porque cumple con el principio de legalidad tributaria previsto en la Constitución peruana. Se trata de una contribución vinculada a la función de supervisión y fiscalización ambiental que el OEFA ejerce sobre actividades económicas con impacto ambiental. El aporte no tiene la naturaleza de un arancel ni de un impuesto general, sino que responde al costo de la actividad estatal de fiscalización. Su finalidad es financiar una función pública específica, lo que lo diferencia de otros tributos y justifica su exigencia a las empresas supervisadas.