El artículo examina el deber jurídico de restauración ambiental en el ordenamiento peruano, entendido como la obligación de restaurar, rehabilitar, reparar o compensar los daños ambientales ocasionados por actividades humanas. Parte del reconocimiento constitucional del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y sostiene que dicho derecho implica deberes correlativos para el Estado, los particulares y, con mayor intensidad, para quienes desarrollan actividades económicas con impacto ambiental. El autor explica que la restauración ambiental se rige por principios rectores del derecho ambiental, en especial los de internalización de costos, responsabilidad ambiental, complementariedad entre incentivos y sanciones y contaminador-pagador, los cuales obligan a asumir los costos de prevención, control, reparación y compensación del daño ambiental. La restauración no se limita a sancionar, sino que busca recuperar, en lo posible, las condiciones originales del ecosistema afectado. El trabajo analiza la aplicación del deber de restauración en distintos ámbitos: la certificación ambiental, los planes de cierre, los planes de descontaminación y tratamiento de pasivos ambientales, y los casos de emergencia ambiental, así como su desarrollo específico en los sectores minero y de hidrocarburos. Asimismo, distingue entre las responsabilidades civil, administrativa y penal, enfatizando que son independientes entre sí. Finalmente, se examinan las medidas correctivas, de restauración y de compensación ambiental, precisando que la reposición del daño es prioritaria y que la compensación procede cuando la restauración plena no es posible. El artículo concluye que el deber jurídico de restauración ambiental es un eje central del sistema de fiscalización ambiental y una manifestación concreta de la tutela efectiva del derecho fundamental al ambiente.