El artículo analiza los criterios jurídicos interpretativos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) en dos recientes interpretaciones prejudiciales en materia aduanera, orientadas a reforzar la protección del debido proceso y la presunción de inocencia de los operadores económicos frente a la actuación de las autoridades aduaneras. El primer eje de análisis se centra en el uso de la información contenida en los bancos de datos de las administraciones aduaneras para efectos de valoración. El TJCA establece que no toda información incorporada en dichos bancos tiene carácter confidencial y que la confidencialidad de las transacciones comerciales no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa. En tal sentido, la autoridad aduanera debe proporcionar al administrado un resumen suficiente de la información utilizada —respetando la reserva de datos sensibles— que le permita conocer los elementos esenciales de la valoración y controvertirla eficazmente. El segundo eje aborda la extinción de la obligación aduanera por desaparición o destrucción de las mercancías como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. El Tribunal precisa que, en estos supuestos, opera una presunción de licitud a favor del administrado, derivada de los principios de presunción de inocencia y buena fe. En consecuencia, corresponde a la autoridad aduanera la carga de probar la actuación ilícita del administrado, debiendo acreditar que este causó, instigó o fue cómplice del siniestro. No resulta conforme al debido proceso exigir al administrado que pruebe su propia inocencia. El trabajo concluye que la jurisprudencia reciente del TJCA consolida una interpretación equilibrada del derecho aduanero andino, que limita la potestad de control de la administración mediante la observancia estricta de las garantías fundamentales, fortaleciendo la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los agentes económicos.