El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ordenó a Colombia eliminar la restricción que impide el ingreso de cemento gris ecuatoriano por las aduanas terrestres de Ipiales y San Miguel. La medida, vigente desde 2017 y justificada por Colombia como mecanismo contra el narcotráfico, había sido declarada contraria al derecho comunitario en 2022. En sentencia del 1 de septiembre de 2026, recaída en la acción de incumplimiento 04-AI-2023, el TJCA declaró que Colombia incumplió los artículos 72 y 77 del Acuerdo de Cartagena y le otorgó 90 días para dejar sin efecto la restricción. El Tribunal consideró incoherente limitar la importación cuando el cemento se comercializa libremente en todo el territorio colombiano.