El artículo sostiene que la independencia e imparcialidad son exigencias esenciales de toda función jurisdiccional y se aplican plenamente a los jueces de tribunales comunitarios. Estos jueces no representan a su Estado de origen ni deben inhibirse cuando dicho Estado es parte en el litigio. Su deber es resolver conforme al derecho comunitario y al interés público del proceso de integración, no a intereses nacionales. Votar a favor o en contra del propio país no convierte al juez en patriota ni en traidor; lo determinante es el respeto a los hechos probados, las normas aplicables y el razonamiento jurídico.