El artículo sostiene que antes de plantear la modificación o sustitución de la Constitución peruana de 1993 es indispensable realizar un diagnóstico objetivo sobre su vigencia y desempeño. Mediante una analogía doméstica, el autor explica que cambiar una norma fundamental sin identificar correctamente el problema puede conducir a soluciones erradas. A partir de datos del Banco Central de Reserva del Perú y del INEI, compara el desempeño económico bajo distintas constituciones, destacando que, durante la vigencia de la Constitución de 1993, el PBI per cápita creció significativamente, la inflación se controló y la pobreza se redujo de manera sustancial. Asimismo, se evidencia un mayor acceso de los hogares a bienes y servicios básicos. El autor sostiene que estos resultados se explican por un marco constitucional que promueve la inversión privada y la economía social de mercado. No obstante, reconoce que persisten graves deficiencias en la provisión de servicios públicos, las cuales atribuye a problemas de gestión pública y no al diseño constitucional. Concluye que cualquier reforma debe partir de un análisis empírico serio que distinga entre fallas constitucionales y deficiencias de gestión estatal.